I.E.S. Trafalgar: la alumna copiona y la inspectora burlona.

El caso es que en la bandeja cabreada ha llegado el siguiente caso:

Escrito del Claustro del I.E.S Trafalgar…

ILMA. SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN:
Durante la semana pasada surgió en nuestro centro un problema relacionado con una alumna de 2º de Bachillerato, en el que se detectaron indicios de que había copiado durante la realización de exámenes en las asignaturas de Historia del Arte, Historia de la Filosofía y Economía. Los hechos se pusieron en conocimiento del director del centro por parte de las profesoras de Historia del Arte e Historia de la Filosofía, no solo por afectar a tres asignaturas simultáneamente, sino porque la alumna ya había incurrido en el mismo tipo de faltas en otras ocasiones y existían sospechas de que pudiera haber involucradas otras personas y haberse utilizado un dispositivo técnico de escuchas externo al aula.
Ante la gravedad de los hechos el director, en el ejercicio de las funciones que le otorga el artículo 72 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en particular la letra g) del apartado 1, inició un procedimiento para recabar la información
necesaria que esclareciera lo ocurrido. En ese sentido la alumna fue convocada a una reunión para el día 25 de mayo en la que también estuvieron presentes dos profesoras . Dado que la propia alumna reconoció que había copiado en los exámenes de esas dos asignaturas, si bien negando que lo hiciera mediante el sistema antes referido, la decisión que finalmente se tomó fue la repetición de cada uno de los exámenes. Esta decisión respondía tanto a la buena voluntad del profesorado, para evitar que la alumna se pudiese ver perjudicada en su evaluación final ordinaria, como a la necesidad de que se produjese un aprendizaje por parte de la alumna, es decir, fue también un acto educativo que podía ayudar a resolver el problema dentro de los parámetros del diálogo y la resolución pacífica de conflictos.
El jueves 26 de mayo la madre de la alumna manifestó su protesta al director del centro, dado que su hija había sufrido el día anterior un ataque de ansiedad, corroborado por un médico de la localidad. Asimismo, la madre se negó a que su hija hiciera los exámenes correspondientes, ante lo cual el director le volvió a ofrecer la posibilidad de hacerlos el lunes siguiente y la necesidad de que se hicieran antes de la evaluación, que era la tarde de ese lunes. El día 27 la madre se dirigió a la Delegación de Educación en Cádiz, entrevistándose con la inspectora de zona, que comunicó al director la decisión de paralizar la realización de los exámenes previstos, por considerar que se había cometido una coacción a la alumna y no existían pruebas de las supuestas irregularidades. El lunes, 30 de
mayo, la inspectora se reunió individualmente con las dos profesoras afectadas, y les indicó verbalmente que debían poner la calificación como si no hubieran ocurrido los hechos que habrían llevado a la repetición de los exámenes.
El mismo lunes día 30 de mayo, después de la entrevista con la inspectora, una de las profesoras se vio obligada a ausentarse del centro y acudir a un centro médico donde se le diagnosticó un ataque de ansiedad, decidiéndose de inmediato su baja laboral.
Ante los hechos ocurridos y conscientes de la trascendencia y gravedad que tienen, queremos manifestar lo siguiente:
1. Consideramos que el procedimiento seguido para recabar información ha sido respetuoso con el derecho que asiste a la alumna, que tiene 20 años de edad, y se inscribe dentro de las actuaciones que a lo largo del curso se llevan a cabo en el centro para resolver los distintos conflictos que van surgiendo día a día.
1. Consideramos que ha habido una interferencia en la autonomía que tienen los centros educativos y el propio profesorado para actuar sobre los conflictos que afectan tanto a la convivencia y, en este caso, también a la garantía de que los actos pedagógicos discurran dentro de la limpieza y corrección necesarias.
1. Las decisiones tomadas por la inspectora, lejos de tener una lectura educativa positiva, sientan un precedente que tiene y puede llegar a tener aún más consecuencias negativas. Lejos de una intervención mediadora, como se recoge en el apartado 3 del artículo 21 de la ORDEN de 13 de julio de2007, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento de la inspección educativa de Andalucía, lo que ha habido es una imposición de su autoridad que no
concuerda con los valores democráticos de diálogo y resolución pacífica de los conflictos, y que constituye una comisión de falta grave, según se recoge en la letra b) del artículo 7 del REAL DECRETO 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
1. Consideramos que se ha producido un ataque a la dignidad profesional de las profesoras, por haberse visto coartadas en el ejercicio de su labor docente, pese a haber mostrado su buena disposición a que pudiera haber un final satisfactorio para todas las partes.
1. Por último, solicitamos a V. I. que tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para la rectificación inmediata por parte de la inspectora, así como el restablecimiento del status quo anterior y el restablecimiento de la dignidad del profesorado afectado en este procedimiento.
Por todo lo antes expuesto, elevamos este escrito como una manifestación de protesta y de repulsa por la intervención llevada a cabo por la inspectora.

En Barbate, a 1 de junio de 2011